Uribe, elegido en 2002 y a quien las encuestas señalan una popularidad por encima del 70%, sigue siendo el jefe de Estado con más apoyo interno en América Latina, pero podría estar perdiendo capacidad de reacción.
En el frente social ha enfrentado una serie de dificultades encadenadas: primero, una huelga de camioneros en agosto; luego una parálisis de seis semanas de los funcionarios judiciales, y desde mediados de septiembre un paro de actividades de los corteros de caña de azúcar del suroeste del país.
A ello se suma la protesta que desde el 10 de octubre realizan los indígenas, que representan un 3,2% de la población, y exigen se les entreguen tierras y se les respete el derecho a la vida, a menudo burlado, según ellos, por el Ejército, las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
Pero no es sólo la agitación social, también dentro de la coalición oficialista los apetitos se han agudizado de cara a la elección presidencial de 2010, en la que Uribe todavía no ha descartado participar. Ello le impidió la aprobación de una reforma judicial en el Congreso.
En el exterior, Uribe podría además perder a su aliado más poderoso y su esperanza de lograr el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, si es elegido Barack Obama, menos dispuesto a respaldarlo que George W. Bush.
Las violaciones a los derechos humanos en Colombia son cada vez más mencionadas en distintos escenarios internacionales. En Estados Unidos los demócratas no ocultan su preocupación por la alta tasa de asesinatos de sindicalistas y de impunidad.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU debe examinar en diciembre la situación en Colombia, incluyendo un reporte de las organizaciones no gubernamentales según el cual el Estado es responsable por 'tolerar' e incluso 'apoyar' miles de crimenes cometidos por los paramilitares.
Uribe 'se encuentra en una encrucijada' estima un diplomático acreditado en Bogotá. 'Hay una multiplicación de la movilización, en ocasiones violenta, y el gobierno parece a la defensiva con reacciones a veces agresivas'.
A comienzos de octubre Uribe decretó la 'conmoción interior', uno de los tres estados de excepción contemplados en la Constitución, para enfrentar la huelga de la justicia, pero aunque los empleados retomaron el trabajo la semana pasada, la medida -que le permite tomar decisiones con fuerza de ley- sigue vigente.
En la última semana, con las manifestaciones indígenas en alza, el gobierno acusó a los aborígenes de estar infiltrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a los sindicatos de instrumentalizar a los trabajadores para desestabilizarlo.
'El presidente Uribe deberá mostrar ahora su capacidad de liderazgo, porque siempre ha tenido todo a su favor', señala León Valencia, ex guerrillero y director de la fundación Arco Iris, que analiza la coyuntura colombiana.
'No solo de 'Seguridad Democrática' se vive y el gobierno tiene que entender eso', señala Valencia en referencia al nombre de la principal política de Uribe, que ha mantenido a la guerrilla lejos de las grandes ciudades y le ha dado a muchos colombianos un ambiente de normalidad.
Valencia señala que la población pobre del país (casi un 50%) de los 42 millones, quiere ahora respuestas a 'una serie de promesas incumplidas en materia de salarios y otros beneficios'.
Uribe deberá esforzarse en superar una difícil coyuntura en momentos en que el Estado, atado en materia económica por la crisis financiera mundial, tendrá cada vez menos instrumentos para calmar el clima de agitación social, apunta Valencia.
El crecimiento de la economía, que llegó a un notable 7,5% en 2007, no llegará a 3% este año, según algunos estimativos, y la producción industrial cayó en los primeros ocho meses (-0,6%), por primera vez en nueve años, de acuerdo con una encuesta empresarial.
'El gobierno es fuerte y permanecerá así', estima sin embargo un dirigente de la industria cercano al presidente, que bajo la condición de anonimato manifestó que la agitación coyuntural recibe 'financiación del exterior'.
Por ahora la popularidad de Uribe, de 78% según la encuesta realizada por Gallup en septiembre, parece mantenerse intacta.
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