Con esta reforma el gobierno busca evitar la contratación de nuevos docentes en el sistema educativo y quitar horas laborables a los ya contratados, que son necesarias para alcanzar la estabilidad laboral en el sistema educativo. Este es un mecanismo de reducción de inversión social neoliberal de vieja data, ya aplicado en Chile, Colombia, entre otros países, con resultados terribles para la calidad de la educación. Panamá es el único país de la región donde aún los docentes del sector público poseen el derecho a estabilidad laboral, gracias a una feroz resistencia del movimiento docente.
Mientras la huelga docente está por estallar, la ministra de la cartera de educación, la periodista Lucy Molinar, argumentó esta semana que no sabe por qué el movimiento docente está convocando a una huelga, y dice no ver las razones. Pero frente a la prensa nacional, hace apenas un mes, en reunión con 16 organizaciones magisteriales se negó a entablar un diálogo sobre transformación integral de la Educación, reforma curricular, condiciones laborales y salariales, calidad educativa, entre otros elementos problemáticos fundamentales de la gestión educativa que los educadores reclaman desde hace años.
La ministra Molinar ha vendido sus políticas educativas como necesarias para adaptar la mano de obra a las "exigencias de los mercados", -de la misma manera en que los ministros de Educación neoliberales de otros países de la región lo hicieron-. En ello ha contado con el beneplácito de las diferentes cúpulas empresariales del país, cuanto más retrógrada más entusiastas. Estas son parte de la política de austeridad fiscal, que en materia educativa exige recortar el gasto en personal docente y otros gastos con el fin de que el Estado panameño continúe en estatus de sujeto de crédito de la banca multilateral internacional, de esta manera contar con seguridad de créditos por más de 14 mil millones de dólares en el quinquenio de gobierno, millones que tienen como destino los megaproyectos del metro, el tercer puente sobre el Canal, las fases de la cinta costera, entre otros, que darán grandes dividendos a las empresas afines al proyecto político autoritario del presidente Ricardo Martinelli. Así es como este gobierno financia el "milagroso crecimiento económico", tras la crísis económica de E.U., y mantiene en repunte la industria de especulación inmobiliaria.
El carácter autoritario e intransigente con que Lucy Molinar aplica la transformación curricular neoliberal y otras política educativas, significa la premura con que el proyecto político autoritario de Ricardo Martinelli precisa mantener la califación internacional para embolsarse cuantiosas ganancias en el menor tiempo posible, previendo que no logre continuar otro quinquenio más en el poder, o lo que es peor, que las medidas económicas neoliberales y su autoritarismo produzcan un viraje político drástico en la sociedad, que se lo impidan.
La reforma curricular por competencias, la municipalización de la educación, y otras medidas neoliberales que impulsa Martinelli buscan destruir la profesión docente y a sus gremios, atacando su base: la estabilidad laboral, ya que esta permite la afiliación gremial del docente sin temor ha ser despedido o de no volver a ser contratado, lo que no puede hacer un educador sin estabilidad laboral, tal y como ocurre con los trabajadores del sector privado.
En la presente coyuntura el movimiento docente y los educadores panameños se encuentran en una disyuntiva de futuro: en donde o luchan y se transforman en la vanguardia de la lucha por la calidad de vida , y una educación pública de calidad, -base de la ciudadanía crítica y humanista-, o se impone la vorágine cultural neoliberal que ha azolado latinoamerica en los últimos años para transformar a sus hijos en mano de obra barata y dócil.
http://youtu.be/vls3tee8PZA
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